Características de la Nueva Gerencia Pública en México II
Segunda Parte
Características de la Nueva Gerencia Pública en México
Nota: Este artículo es la segunda parte que examina la nueva doctrina (aunque nacida en la literatura en los años 90) de la administración pública, que también ha llegado a México. Este tema está relacionado con la información relativa al Gobierno Electrónico en general, y la información relativa a las fases del Gobierno Electrónico, en México. A nivel regional, puede interesar la información relativa al Gobierno Electrónico en Asia.
Algunas Características de la Nueva Gerencia Pública en México
Terminábamos el artículo anterior, sobre este tema, señalando los problemas que se derivan de la elevada rotación del personal del sector público en México, que socava la memoria institucional y reduce las oportunidades de aprendizaje. En el sector hídrico mexicano, la pericia que podría utilizarse para la adaptación no está arraigada en las propias instituciones, sino en los individuos que trabajan en ellas. La erosión de la pericia del sector público ha debilitado el intercambio de información entre los gobiernos municipales y las empresas privadas, que antes era fundamental para aprender a reducir el riesgo en contextos geográficos específicos. La pérdida de conocimientos locales es una amenaza particular para la capacidad de adaptación, ya que confiar únicamente en la regulación formal no garantizará la adaptación diferenciada necesaria.
La falta de rendición de cuentas y de capacitación sigue siendo una preocupación en México, aunque el problema se manifiesta de forma diferente en cada caso dados los distintos contextos institucionales. En México, la Comisión Nacional del Agua ya no tiene la capacidad de investigación necesaria para anticipar los impactos climáticos en las infraestructuras, y no está claro qué organismo cubrirá estas necesidades en contextos geográficos específicos. Por lo tanto, parte de la adaptación muy local que se está llevando a cabo es informal y no está supervisada, y es poco probable que las empresas nacionales sean responsables de los problemas asociados a dicha adaptación.
Una de las premisas de la Nueva Gerencia Pública es que los servicios públicos pueden regirse en gran medida por las demandas de los "clientes" ciudadanos, pero prestar el "servicio" de una adaptación proactiva al clima, sobre todo a poblaciones vulnerables con poca influencia o control sobre los mercados o las políticas públicas, es una propuesta dudosa. En México, los gobiernos locales tienen ahora mayores responsabilidades y, dado que el proceso político se ha democratizado, se esperaba que mejorara la participación en la toma de decisiones. En la práctica, sin embargo, las reformas diseñadas para aumentar la participación y la transparencia no han cambiado la cultura institucional existente en la Gerencia del agua, y persiste una antigua desconfianza hacia las autoridades locales. La Nueva Gerencia Pública se está aplicando a pesar de la falta de un marco institucional sólido, del Estado de derecho, de controles y equilibrios débiles, de sistemas de función pública y de sistemas eficaces de rendición de cuentas que se consideran requisitos previos para la Nueva Gerencia Pública en muchos países desarrollados.
El resultado es una continua dependencia de canales extralegales que básicamente eluden al gobierno local y perpetúan las tradiciones de patronazgo, clientelismo y respuestas ad hoc a los desastres relacionados con el clima, en México. Así, incluso cuando algunas comunidades son capaces de ejercer presión y expresar su demanda de mejores servicios, no hay garantías de que sus intereses sean representativos de un público vulnerable más amplio, o de que las respuestas que obtengan de los organismos responsables de la prestación de servicios aborden necesidades más amplias. Estas observaciones subrayan las sugerencias anteriores de que la descentralización que no aborda las estructuras de poder y las debilidades institucionales existentes puede reforzar las desigualdades y no abordar la vulnerabilidad de los más expuestos. Sin embargo, una toma de decisiones más eficaz y participativa tendrá poco impacto en la capacidad de adaptación si las instituciones que rigen estas decisiones son inapropiadas para el alcance temporal y la escala de los riesgos a los que se enfrentan. En el caso mexicano en particular, la Nueva Gerencia Pública parece ser un modelo de reforma institucional inadecuado para gestionar la naturaleza del riesgo de inundaciones.
Gerencia del Sector Público
El término nueva gerencia pública fue acuñado por estudiosos del Reino Unido y Australia a principios de los años 90, que trabajaban en el ámbito de la administración pública. Ahora bien, el origen de este nuevo término era proponer un nuevo punto de vista hacia el diseño organizativo en el sector público, sin embargo, al cabo de una década, el significado de este término en las discusiones y debates pasó a ser múltiple.
Algunos estudiosos optan por definirlo como la introducción de una nueva economía institucional en la Gerencia pública y otros lo utilizan para referirse a los cambios de modelo en la elaboración de políticas. Antes de esforzarnos por comprender mejor los diversos aspectos de la Nueva Gerencia Pública, veamos en qué se diferencia de la administración pública tradicional.
La nueva gerencia pública surgida en la década de 1980 representó un intento de hacer que el sector público fuera más empresarial y de mejorar la eficacia de la Administración tomando prestadas ideas y modelos de Gerencia del sector privado. Hizo hincapié en la centralidad de los ciudadanos, que eran los destinatarios de los servicios o los clientes del sector público.
El nuevo sistema de gerencia pública también propuso un control más descentralizado de los recursos y la exploración de otros modelos de prestación de servicios para lograr mejores resultados, incluida una estructura casi de mercado en la que los proveedores de servicios públicos y privados compitieran entre sí en un intento de ofrecer servicios mejores y más rápidos. Por ejemplo, en el Reino Unido la compra y prestación de asistencia sanitaria se dividió entre los Servicios Nacionales de Salud o NHS y los titulares de fondos de gerencia pública financiados por el Gobierno, lo que aumentó la eficacia, ya que los hospitales ahora necesitaban ofrecer procedimientos de bajo coste para ganar tanto pacientes como fondos.
La puesta en marcha de importantes reformas de la gerencia del sector público, muchas de las cuales se asocian con el paradigma de la Nueva Gerencia Pública (NGP, véase mucho más a nivel mundial), comenzó a mediados de la década de 1990 en la Secretaría de Control y Desarrollo Administrativo de México. Este periodo marcó un cambio significativo en el compromiso económico de México con el mundo y un cambio radical en su entorno político interno. El gobierno de Fox (2000-2006) recogió el testigo de la reforma administrativa iniciada por el anterior gobierno de Zedillo, abogando por un servicio público más ágil, transparente y eficiente.
A lo largo de las dos últimas décadas y en diversos contextos -desde la protección civil hasta los servicios públicos y el alivio de la pobreza- se han transferido diversas funciones administrativas y operativas a niveles inferiores de gobierno, organismos estatales y autoridades municipales. Los esfuerzos por mejorar la transparencia y el acceso a la información también se han convertido en una prioridad para los organismos públicos mexicanos, y la mayoría de las agencias gubernamentales estatales y federales cuentan ahora con elaborados sitios web diseñados para facilitar la prestación de los servicios y la información necesarios a los ciudadanos-clientes. Los rasgos del paradigma de la Nueva Gerencia Pública han surgido como características clave de las políticas y los programas de reforma aplicados en el sector del agua, y más ampliamente en la Gerencia de los riesgos de inundación, durante la década de 1990.
Cambio climático en las políticas y la administración públicas
Más allá del ámbito específico de la Gerencia del riesgo de catástrofes, la adaptación a los extremos climáticos es un tema relativamente nuevo para las políticas y la administración públicas, en México. A medida que la adaptación al cambio climático emerge como una preocupación para los gobiernos a diferentes escalas, es necesario evaluar cómo las formas de gobernanza pueden influir en la capacidad de adaptación. No sostenemos que los principios de la Nueva Gerencia Pública sean intrínsecamente reacios a la adaptación.
A medida que la adaptación al cambio climático emerge como una preocupación para los gobiernos a diferentes escalas, es necesario evaluar cómo las formas de gobernanza pueden influir en la capacidad de adaptación. No sostenemos que los principios de la Nueva Gerencia Pública sean inherentemente hostiles a la adaptación al cambio climático. Sin embargo, nuestros estudios de casos ilustran que las filosofías sobre la organización y la estructura de la administración pública pueden permitir o dificultar la capacidad de adaptación, en México. Como resultado de dos décadas de evaluaciones de las políticas inspiradas en la Nueva Gerencia Pública en diversos contextos geográficos y sociopolíticos, la Nueva Gerencia Pública ha evolucionado de formas que difieren de sus orígenes filosóficos y, en algunos contextos, ha cambiado de maneras que en realidad pueden potenciar la capacidad de adaptación al mejorar la eficacia y la prestación de servicios básicos. No obstante, los estudios de casos aquí descritos sugieren que sigue habiendo graves problemas en relación con el impacto de la Nueva Gerencia Pública en la capacidad de los organismos del sector público para anticiparse a los riesgos y prepararse para el cambio climático, la necesidad de abordar las necesidades y preocupaciones locales y la responsabilidad del gobierno ante las poblaciones vulnerables.
Para abordar estas cuestiones, es necesario establecer marcos institucionales y sistemas de rendición de cuentas sólidos como parte de cualquier reforma de la gobernanza. La adaptación al cambio climático debe ser responsabilidad explícita de una entidad legal con suficientes recursos financieros y técnicos para llevar a cabo sus responsabilidades en la práctica, y para desarrollar redes de aprendizaje y asociaciones para la toma de decisiones entre los fragmentados actores públicos y privados. Dentro de un sistema institucional de este tipo, mantener el bienestar de las personas frente al cambio climático debe ser un derecho civil y no una "demanda" clientelar.